Una OGN acusa al presidente de estafa para favorecer a su propia compañía. La causa le recayó al juez Claudio Bonadio.

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Ya imputado por el negociado de las “low cost”, Mauricio Macri ahora fue denunciado por la licitación fraudulenta del nuevo Tango 01. El mandatario se negó a utilizar la flota presidencial desde que asumió, por lo que ordenó la compra de aviones en una operación sospechada. En el sorteo, la causa le recayó en el Juzgado de Claudio Bonadio, que trabaja este año con la Fiscalía de Jorge Di Lello.1

En la demanda penal presentada hoy en Comodoro Py, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático acusó al Presidente, funcionarios y empresarios de estafa para favorecer a Avianca (ex MacAir Jet SA), la compañía que puede aún pertenecer a la familia Macri.

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En la causa de las aerolíneas bajo costo, Di Lello y el juez Sergio Torres indagan si SOCMA aún es dueña de la empresa que dijo vender el año pasado. Aquella investigación fue impulsada por los diputados del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, pero también ampliada por la ONG que preside Fernando Míguez.

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En el escrito, al que accedió El Destape, Míguez especificó que existen prácticas políticas en el Gobierno “que borran o confunden convenientemente la diferencia de lo público y lo privado”. El presidente de la ONG aclaró que “muchos de los funcionarios no tienen antecedentes comerciales”.

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En julio del año pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que no se reparará el histórico Tango 01 y estimó en U$S 20 millones el presupuesto de la puesta a punto para su venta. En 2000, la SIGEN desaconsejó vender la aeronave porque le daría pérdidas al Estado.

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Con el arribo de Cambiemos, la Dirección General de Logística de la Presidencia de Carlos Martín Cobas pasó a recomendar la operación. El funcionario encargado del mantenimiento de la flota presidencial fue ejecutivo de MacAir Jet SA y renunció al Estado esta semana tras ser imputado en la causa de las aerolíneas bajo costo.

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Cobas, a cambio de la histórica aeronave, desea comprar un “avión de empresario top”, según la denuncia. Por esto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llamó en febrero a la licitación 22501812 para adquirir un “Boeing Business Jet”. El adjudicatario fue el intermediario estadounidense Robert Peerless, dueño de Peerless Aviation USA, por U$S 70 millones.

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En tanto, Líneas Aéreas del Estado (LADE) tenía una licitación ganada con una empresa canadiense, con U$S 5,8 millones depositados en Nueva York para leasing de horas de vuelo. Sin embargo, se suspendió la adjudicación por perdido Colunga, y este dinero se lo transfirió a MacAir Jet SA para que continúe el manteniendo los aviones presidenciales, de acuerdo a la documentación presentada por Míguez.

“Los ejecutivos de Macair Jet, empresa que en la actualidad presta servicios de mantenimientos técnico mecánico a la flota presidencial, son los mismos que asesoraron la conveniencia de jubilar al actual Tango 01”, esgrimió la ONG. “Ante esto queda revelada la intención de Mauricio Macri de generar las condiciones más favorables tendientes a incrementar el valor técnico de su empresa. Esto se llama estafa, fraude en perjuicio del Estado Nacional, vaciamiento de los cielos argentinos”, cuestionó.

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En relación a ello, tras un escándalo, el Gobierno dio de baja el año pasado una licitación a medida, para alquilar una flota privada de aviones que reemplacen a los Boeing que utilizaban los presidentes y que Macri decidió vender.

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Ahora, el fiscal debe decidir si existen indicios suficientes para comenzar una investigación contra el jefe de Estado, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el titular de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin (hermano del presidente de Correo Argentino SA); el presidente de Avian Líneas Aéreas, Carlos Benjamín Colunga López; el CEO de Unicos Air SA, Diego Martín Colunga Campos (hijo de Carlos); el director de Logística de la Secretaría General de Presidencia, Carlos Martín Cobas (quien renunció tras su imputación en las “low cost”); y el empresario aeronáutico Robert Peerless.

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En caso de que decida imputarlos, Di Lello llevará la causa con el juez Bonadio. La acusación es por malversación de fondos públicos, estafa, asociación ilícita, abuso de autoridad y licitación fraudulenta en la adquisición del avión presidencial. Además, Míguez solicitó que se suspenda la compra de la nueva aeronave y se embarguen todas las cuentas corrientes pertenecientes a Macair Jet y Avian Líneas Aéreas.

EL DESTAPE