La Justicia Federal abrió una investigación por el intento de privatizar a “precio vil” dos centrales. Denuncian que intentó venderlas a 400 millones de dólares por debajo de su precio real.

El presidente Mauricio Macri sumó un nuevo problema en la Justicia Federal. Esta vez por el intento –a la postre fallido- de privatizar a “precio vil” las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.  Junto a Macri quedaron imputados los exministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel. La novedad se produce justo en el momento en el que estallan nuevas revelaciones sobre la causa de aportes truchos, que complicó al Gobierno durante 2018.

Según la denuncia, que fue presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, Macri tasó, mediante el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017,  a las centrales por 400 millones de dólares menos de lo que valían.

A la de Ensenada se la tasó en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares, en tanto que la Brigadier López, tuvo una valuación oficial de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.

“¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntan los legisladores en la denuncia, que fue considerada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Daniel Rafecas.

También aseguran que en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia del primo de Calcaterra, Mauricio Macri.
Como es habitual en la administración Macri, en la compleja trama de responsabilidades aparecen nombres que jugaron a ambos lados del mostrador. Por ejemplo, el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco, y el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini, trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri, y a fines de 2017 desembarcaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa.

Esto redundó en que participaran de las negociaciones desde el Estado y desde el privado contratista, lo cual le reportó una indemnización de 1.600 millones de pesos a Calcaterra. Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”, denunciaron los legisladores.

Hoy mismo hubo novedades en torno al objetado proceso de privatización: se conocieron las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto -propiedad del cónsul honorario de Singapur y de Nicolás Caputo- fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López, mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.

FUENTE: INFOCIELO