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A continuación te contamos, en exclusiva, el proyecto de ley de reforma previsional remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento y respectiva aprobación.

Entre los puntos salientes esta el aumento de la edad jubilatoria en 5 años (70 hombres 65 mujeres), la actualización de las jubilaciones conforme la inflación denunciada por el INDEC, lo cual va a generar una ostensible caída de los montos en relación a la ecuación que se estaba utilizando a la fecha para actualizar los haberes de los jubilados de nuestro país, y el 82 % de dichos haberes sujetos al Salario Mínimo Vital y Móvil, NO al salario real de los que, compartiendo la misma categoría laboral de los pasivos, perciben en la actualidad.

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PROYECTO DE LEY COMPLETO

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un Proyecto de Ley por el que se prevén modificaciones en la movilidad jubilatoria, se propone el establecimiento de una Garantía adicional para los haberes de jubilación equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del Salario Mínimo Vital y Móvil para aquellas personas que hubieran cumplido los TREINTA (30) años de servicio con aportes efectivos y se propicia la modificación del artículo 252 de la Ley N° 20.744, con el propósito de facilitar la opción de permanencia en actividad a quienes estén en condiciones de acogerse al beneficio previsional por haber cumplido la edad mínima requerida y contar con el número de años de servicios exigidos por la Ley.

La garantía de la movilidad de las jubilaciones y pensiones se encuentra establecida en el artículo 14 bis tercer párrafo de la CONSTITUCIÓN NACIONAL que textualmente dispone: «El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.

En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

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La revalorización automática de las prestaciones a través del índice de precios al consumidor nacional asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas ante la erosión provocada por la variación de precios, preservando su valor en el tiempo.

En tal sentido, cabe señalar que la mayoría de los países miembros de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) utilizan la evolución del índice de precios al consumo como instrumento para evitar el deterioro del poder de compra de las pensiones.

También se observa que, tradicionalmente, en los acuerdos paritarios se considera la variación del nivel de precios al consumidor, como una variable fundamental a tener en cuenta en la negociación de los aumentos salariales. En otras palabras, se trata de buscar una relación concreta entre el costo de vida y el salario de los trabajadores.

Este hecho revela que se toma a la variación de precios como un indicador determinante para recomponer los salarios en la actividad. Vale la pena recordar que el CONVENIO 102 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, recientemente ratificado y depositado por la REPÚBLICA ARGENTINA, establece que la movilidad de las prestaciones previsionales debe considerar el índice de costo de vida.

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Es por todo ello que se considera a dicho índice como adecuado para revalorizar las prestaciones de la Seguridad Social.

Este índice será incrementado con el CINCO POR CIENTO (5%) de la variación porcentual real del Producto Bruto Interno. En relación al establecimiento de una garantía equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del Salario Mínimo Vital y Móvil para aquellas personas que a lo largo de su vida hayan cumplido con TREINTA (30) años de aportes efectivos, se busca reforzar el principio de proporcionalidad premiando el esfuerzo de cotización realizado, sin perjuicio de tener presente el principio de solidaridad que debe regir todos los institutos que forman parte de la Seguridad Social El Capítulo III del presente Proyecto de Ley trata sobre los trabajadores en edad de jubilarse. Para este colectivo, nuestro ordenamiento jurídico se basa en contratos de trabajo con vocación de permanencia, o sea, concertados para perdurar en el tiempo hasta tanto el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los Regímenes de Seguridad Social, por años de edad y años de servicios.

En el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), no se obliga al trabajador, en momento alguno, a iniciar los trámites para obtener el beneficio jubilatorio: sólo se fijan las condiciones mínimas que deben reunirse para acceder a él.

A partir de que reúna los requisitos pertinentes, el asalariado puede decidir cuándo jubilarse. No obstante, esta potestad de escoger el momento en el cuál pasará a la pasividad, se encuentra sujeta a que el empleador no decida ejercer la facultad rescisoria que le brinda el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias.

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El citado artículo 252 de la LCT establece los presupuestos y requisitos necesarios para que el empleador pueda rescindir el contrato de trabajo unilateralmente y sin consecuencias indemnizatorias, cuando el trabajador estuviera en condiciones de ser absorbido por el sistema de seguridad social. El trabajador que recibe una intimación, en los términos del artículo 252 de la LCT, no se halla obligado a jubilarse, de manera que bien podría transcurrir el plazo máximo a que alude el primer párrafo de dicho artículo y continuar su vida laboral bajo la dirección de otro empleador, pero la realidad es otra. Es un hecho que a determinada edad es más dificultoso conseguir un nuevo empleo, provocando en la mayoría de los casos la expulsión compulsiva de las personas mayores del mercado de trabajo.

De esta forma, la referida opción de elegir el momento de jubilarse no es tal, debiendo solicitar las prestaciones previsionales para lograr su subsistencia. Por el presente proyecto se propicia que el empleador pueda usar esta facultad legal recién después de que el trabajador haya cumplido SETENTA (70) años de edad, para permitir la continuidad en el empleo de las personas mayores, incluso aunque estén en condiciones de jubilarse, facilitando su participación en la vida económica de la sociedad, en atención a que el trabajo, además de ser un medio de generación de ingresos, es un ámbito de integración y desarrollo de la persona humana.

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En la actualidad, nos encontramos con un importante sector de la población con una esperanza de vida superior a la de las generaciones precedentes y con ganas e intenciones de seguir trabajando más allá de la edad de jubilación.

Si bien la Seguridad Social se ha ocupado de la problemática de la vejez desde el Siglo XIX, hace algunos años ha comenzado a desarrollarse un proceso de formalización de los derechos de las persona mayores con carácter integral, gracias al consenso internacional.

Recientemente se ha aprobado la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, aprobada por el Honorable Congreso de la Nación mediante Ley N° 27.360 y depositado el documento de ratificación en sede de la OEA, el 23 de octubre de 2017.

Entre otros aspectos dicha Convención, en su artículo 18, consagra el derecho al trabajo de la persona mayor en igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, y compromete a los Estados Parte a adoptar medidas para promover su empleo formal y facilitar una transición gradual a la jubilación.

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A fin de no recargar el costo de esta medida sobre el empleador, se propone que a partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal, no tenga deber legal de ingresar las contribuciones patronales con destino al régimen previsional, limitándose su obligación a ingresar las contribuciones con destino al régimen de riesgos del trabajo y obra social.

Por otra parte, el presente proyecto modifica el artículo 253 de la LCT en consonancia con lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el Plenario N° 321, 05/06/2009, “Couto De Capa, Irene Marta, c/Areva S.A. s/ley 14.546”.

De esta manera se plasma en el texto legal y sin lugar a dudas, que en el caso que un trabajador jubilado reingresara a las órdenes del mismo empleador o continuara trabajando para el mismo, aunque no haya mediado extinción formal del contrato de trabajo, el hecho mismo de la jubilación opera como fin de la relación laboral, y los trabajadores sólo podrán reclamar indemnización por el nuevo período, posterior a la obtención del beneficio jubilatorio. Por las razones expresadas se eleva el presente Proyecto de Ley. Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

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PARA PODER VER EL PROYECTO REMITIDO ENTRA EN EL LINK QUE A CONTINUACIÓN TE PUBLICAMOS.

REFORMA

 

Otra de las modificaciones que contempla el proyecto, es la que hace al Art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), el que hoy, a partir de las nueve de la mañana, junto a este proyecto de ley, te vamos a estar analizando en «Quien quiera oír que oiga», por la FM LÁSER, 90.1 del dial.

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