• SANCIÓN EXPRÉS ANTES DEL RECAMBIO LEGISLATIVO TRAS FEBRILES GESTIONES CON INTENDENTES
Bajan I. Brutos y Sellos, suben Inmobiliario Urbano y Rural 50%. Municipios deberán adherir a Ley de control de gasto. Política ahorra $2.500 M.

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La Legislatura bonaerense sancionó anoche el Presupuesto 2018 y la Ley Impositiva que envió el Gobierno de María Eugenia Vidal, que prevé gastos por $630.000 millones, una autorización de endeudamiento por $85.000 millones, un aumento del 50% en el Inmobiliario urbano y Rural, y bajas en el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos.

El veloz tratamiento en ambas cámaras -primero en Diputados y después en Senado- fue fruto de las febriles negociaciones que los operadores de Cambiemos y la propia Vidal encararon con intendentes del PJ, el diputado Sergio Massa, y referentes del GEN de Margarita Stolbizer.

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A diferencia de la votación del año pasado, en la que el peronismo en sus diferentes vertientes logró unificar criterios para que se incluya en el presupuesto un Fondo de Infraestructura Municipal, la derrota electoral de octubre pasado provocó ahora la votación dividida en dos de las tres bancadas en las que se divide el justicialismo.

Ayer, además, también se votó el proyecto de ley que presentaron el presidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca, por un lado, y el vicegobernador Daniel Salvador, por otro, que fija un nuevo tope al gasto legislativo de 1,2 % respecto del Presupuesto General provincial en procura de lograr un ahorro de $2.500 millones de pesos.

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La reducción de los gastos en la Legislatura había sido reclamada días atrás por la propia gobernadora, que prevé recortar unos 500 millones de pesos en gasto político en el Poder Ejecutivo.

El otro gran logro del Gobierno de Vidal es la sanción del Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, que tiene por objetivo que todas las municipalidades o comunas de la provincia mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales, a cambio de obtener la autorización de la provincia para contraer deuda. Para hacerse efectiva, la ley deberá ser refrendada por los concejos deliberantes.

El proyecto fue resistido por un sector del justicialismo, que también se oponía a la aprobación del presupuesto provincial y que hizo un último intento por frenarlo cuando unos 20 intendentes, entre ellos la de La Matanza, Verónica Magario, se acercaron a la Legislatura provincial.

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Modificaciones

Las gestiones entre los distintos bloques derivaron ayer en varios cambios sobre el proyecto redactado por el ministro de Economía, Hernán Lacunza. Por caso, se fijó un límite de 1.000 millones de dólares para endeudamiento oficial a través de proyectos de participación pública privada; también que el porcentaje atado a obras del Fondo Educativo baje del 85 al 50 % para intendentes del Conurbano y al 40 % en el caso de los del interior.

El Presupuesto 2018 prevé un superávit corriente, y contempla un déficit para el financiamiento de inversión en obras. La apuesta del Gobierno de Vidal está concentrada en proyectos de infraestructura, fundamentales para subsanar la deuda social que acarrea la provincia.

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