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La trágica fiesta Time Warp, que en abril del año pasado culminó con cinco muertos, se mantendrá impune un tiempo más. La Cámara Federal penal porteña apartó al juez Casanello de la causa que investiga la causa de la muerte de los jóvenes en el complejo Costanera y la falta de control de las autoridades policiales y gubernamentales.

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Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah declararon la nulidad por falta de fundamentación de una resolución dictada por Casanello en primera instancia, en la que no hizo lugar a medidas de prueba solicitadas por la defensa de los acusados Stinfale y Walter Santángelo, los empresarios organizadores de la fiesta Time Warp, quienes además vendían allí bebidas energizantes y agua embotellada.

Los jueces entendieron que la resolución dictada por Casanello era «arbitraria» y resultaba «por lo tanto, inválida por ausencia de fundamentación». De esta manera, la causa vuelve a foja cero y deberá sortearse, aún sin fecha, un nuevo magistrado.  “Corresponderá ya al nuevo juez interviniente emitir un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión en debate», agregaron.

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En los últimos días, Víctor Stinfale volvió a estar en la picota luego de que el club que gerencia como vicepresidente, Deportivo Riestra, protagonizara un escándalo en un partido por el ascenso a la B Nacional, donde un integrante de su equipo ingresó al campo de juego forzando la suspensión del encuentro. Deportivo Riestra está presidido por Fabio Pirolo, militante de Cambiemos, ex director general de la Administración de Infracciones del Gobierno porteño y vicepresidente del fútbol amateur de Boca. Es decir, un hombre de Daniel Angelici.

Stinfale estuvo detenido 70 días el año pasado por esta misma causa. Al salir de prisión tildó al fiscal Federico Delgado de “mentiroso”, “impresentable”, “cobarde”, “delincuente” y dijo se lo iba “a cargar”. Luego hizo circular una fotografía suya en su escritorio donde se veía una alfombra para limpiarse los pies con el rostro del fiscal.

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Los deseos del mediático abogado, que supo defender a conocidos barrabravas y a Diego Maradona, se hicieron realidad cuando, en abril de este año, la misma sala de la Cámara Federal, apartó al fiscal a cargo de la investigación, por supuesta pérdida de objetividad.

Delgado había apuntado al entramado de intereses detrás de la organización -a través de la empresa «Energy Group»-, como así también a la responsabilidad del Gobierno porteño en el control del evento y la concesión del predio.

Casanello siguió adelante con la investigación con la intervención del fiscal Ramiro González, mientras la Sala II del tribunal de apelaciones confirmaba entonces los procesamientos de los acusados, pero revocaba las prisiones preventivas al modificar la calificación del delito de «comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte» a «facilitación del lugar para el consumo y venta de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas».

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El juez había procesado también como «partícipes necesarios» de la venta de estupefacientes y abandono de persona seguido de muerte a cinco funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de la habilitación del lugar, y a 26 agentes de Prefectura Naval Argentina contratados para hacer tareas adicionales en la fiesta.

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