Después de soportar durante horas el operativo de seis micros de Gendarmería con 100 efectivos para cumplir la intervención a su gremio, Plaini denunció que el juez Martínez de Giorgi actuó con «una clara intencionalidad política» y de «persecución al movimiento obrero». Señaló que no tiene competencia laboral y agradeció el respaldo de la CGT.

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«Los canillitas ratificamos que apoyamos a Unidad Ciudadana. Esta es una persecución política y un claro ataque al movimiento obrero organizado», destacó Omar Plaini, el secretario general del sindicato de Canillitas que fue intervenido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. «Es una decisión política de un juez que no tiene competencia», señaló el titular del sindicato que se pronunció hace unos días por respaldar la precandidatura a senadora nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Plaini anunció que el miércoles realizarán una asamblea en la puerta del sindicato y decidirán medidas de fuerza.

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Plaini calificó de «injusto e indignante», la decisión del juez que actuó en base a una causa de 2013 en la que se había pedido la prescripción y no se definió a pesar de que la Cámara Laboral había ratificado el resultado electoral y luego la Corte Suprema hizo lo propio.

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«Ahora nos encontramos con algo inédito: no sólo no dieron la prescripción sino que cambiaron la carátula a ‘Adulteración de documento público'», remarcó el sindicalista y advirtió otro dato llamativo: Martínez de Giorgi le dictó la falta de mérito a los otros cinco integrantes de la conducción mientras que lo procesó a él. «Me indagaron por un delito y me procesan por otro», explicó Plaini y señaló que «al cambiar la carátula el juez trata de eludir la prescripción ya que el nuevo delito prescribe a los seis años y no a los ods como el orginal».

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El diputado enfatizó que el juez no tiene competencia laboral y en su fundamentación se pronuncia a partir del artículo 56 de la ley 23551 «cuando él no tiene competencia en lo laboral. Por eso es evidente que acá hay una clara persecución política y jurídica por habernos expresado políticamente. Se están violando todos los derechos. Hay un ataque al movimiento sindical argentino. Tenemos derecho a pronunciarnos políticamente y lo ratificamos».

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