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A raíz de los recortes de pensiones no contributivas que está llevando a cabo el gobierno de Macri en todo el país y puntualmente en nuestra ciudad, desde el Centro GESTIÓN COMUNITARIA BARADERO, integrado, entre otros, por Diego Basterrica y el Dr. Osvaldo Nam, se ha elaborado el siguiente proyecto de Resolución, a los efectos de que el mismo, sea tratado en la próxima sesión que se va a llevar a cabo el martes que viene en el HCD local.

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En el Artículo 1 del proyecto se Solicita a la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la urgente revisión de los requisitos establecidos en las disposiciones 2017 del organismo, dado que las vías de hecho a las cuales acudió la administración pública nacional para suspender y/o decretar la caducidad de las pensiones no contributivas de vecinos del partido de Baradero colisionan con las disposiciones del Decreto 432/1997 y las prescripciones de la ley 19.549.

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Además en el Artículo 2 Se pide a la referida Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, informe a nuestro Concejo Deliberante, la Cantidad de Beneficiarias/os del partido de Baradero que al momento se le ha dado de baja la prestación de pensión no contributiva a partir de la disposiciones 2017

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PROYECTO DE RESOLUCION
VISTO:
La decisión de la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en suspensión y/o caducidad de las pensiones no contributivas a varios vecinos de nuestras localidades; y
CONSIDERANDO:
Las pensiones no contributivas se vieron “ajustadas” durante el año 2016 y 2017 computándose 25.968 pensiones menos.
Que los beneficios de las pensiones no contributivas tomaron conocimiento de la suspensión y/o caducidad del beneficio ante su falta de pago.
Que en el mes de Mayo y Junio del año en curso, beneficiarios concurrieron a su Agente Pagador a fin de percibir la suma correspondiente a la pensión no contributiva por invalidez otorgada, oportunamente, por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
Que Al momento de recurrir al cajero automático y/o centro de pagos, se encontraron con la inexistencia de los fondos correspondiente al derecho obtenido en el marco de la política pública establecida oportunamente por el gobierno nacional.

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Que al no contar con ningún tipo de información ni notificación respecto de esta situación procedieron a concurrir a un Centro de Atención Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tal como el existente en San Pedro o bien al ANSES de nuestra ciudad, donde no se le brindó ninguna información respecto a los motivos y/o causas que determinaron la suspensión y/o caducidad del beneficio.
Que no se puede soslayar que la gran mayoría de los pensionados que se encontraron con la imposibilidad de cobro y que por esta vía reclaman la recomposición de la pensión por invalidez, hace varios años que tienen este derecho conquistado y que vienen cobrando regularmente sin pausas ni interrupción alguna ese beneficio surgido a partir de una política social federal que se instrumentó como manera de amortiguar la gravedad social de aquellas familias que tienen en su seno integrantes con algún tipo de discapacidad con alta vulnerabilidad social y que cuando son mayores de edad no le permite efectuar tareas laborales, o no tienen la posibilidad de ingreso económico para la cobertura de medicamentos, alimentos, de hábitat y/o de sustento mínimo para gozar de los derechos humanos fundamentales
Que además de la irregularidad, arbitrariedad, ilegalidad manifiesta y compulsividad del procedimiento por el que se deja sin efecto el derecho al cobro de una pensión por invalidez que, a todas luces, es un derecho adquirido y debe entenderse en el marco de la progresividad de las políticas públicas para garantizar derechos humanos fundamentales, tampoco es menor hacer referencia al contexto económico y social en el que se concreta esta rechazable medida del Poder Ejecutivo.
Que el aumento impactante del costo de vida, la inflación que ha trastocado los valores de muchos insumos básicos y elementales para la vida de una familia como lo son la alimentación, el acceso a medicamentos, alquiler de vivienda, tarifas de servicios públicos y todas y cada una de las variables de la economía de una familia argentina, es público y notorio.

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Que inclusive puede afirmarse que el valor de cobro de una pensión por invalidez se ha visto devaluado sustancialmente en ese marco.
Que entonces podríamos imaginar que la suspensión o eliminación de ese derecho en el contexto descripto, pone evidentemente en una situación crítica y desesperante a las familias que cuentan con ese ingreso surgido, repetimos y subrayamos, por un derecho social adquirido y sostenido en un largo lapso de tiempo de manera regular e ininterrumpida.
Que resultó para la totalidad de los sujetos de derecho (pensionados por invalidez) una angustiante incertidumbre encontrarse con esta nueva situación.
Que en otros términos, la administración pública nacional no dictó acto administrativo alguno, imposibilitando el ejercicio del derecho de defensa por parte de los damnificados por la medida, vedándoles el acceso a una prestación de carácter alimentario y produciendo un detrimento en la calidad de vida de los actores, incurriendo en arbitrariedad y discriminación.
Que los beneficiarios no recibieron notificación fehaciente de suspensión del beneficio violando lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley 19.549 y 39, 40, 41, 44 del Decreto 1759/7 por lo tanto el acto está viciado de una nulidad manifiesta y causa un gravísimo daño, lo que resulta claro y evidente.
Que sumado a lo expuesto, se vulnera el derecho a defensa, establecido en el Art. 19 de la Constitución Nacional al ejecutar la suspensión sin poner en conocimiento a los beneficiarios de los motivos por los que esa Comisión Nacional arribó a esa decisión, conforme el Art. 11 de la Ley N° 19.549.

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Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE BARADERO, en uso de las facultades sanciona la siguiente:
RESOLUCION
Artículo 1º: Solicitar a la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la urgente revisión de los requisitos establecidos en las disposiciones 2017 del organismo, dado que las vías de hecho a las cuales acudió la administración pública nacional para suspender y/o decretar la caducidad de las pensiones no contributivas de vecinos del partido de Baradero colisionan con las disposiciones del Decreto 432/1997 y las prescripciones de la ley 19.549.
Artículo 2º: Solicitar a la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informe a este Concejo Deliberante: Cantidad de Beneficiarias/os del partido de Baradero que al momento se le ha dado de baja la prestación de pensión no contributiva a partir de la disposiciones 2017
Artículo 3º: Una Vez aprobada la presente resolución envíese copia a la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Artículo 4º: Envíese copia, a los medios escritos y digitales del partido de Baradero, para su difusión.
Artículo 5º: De forma.

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