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En la ciudad de Rojas, no hace tanto, aconteció un caso como el que los baraderenses vivimos por estos días y que llevó a que en la noche de ayer, y de manera totalmente ilegal, se aumentaran las tasas municipales en un 40 %

En virtud de la ilegalidad que giró en torno a aquella ordenanza aprobada en aquella ciudad, recurrieron judicialmente pidiendo su inconstitucionalidad, y la misma, fue declarada por el poder judicial supremo de nuestra pcia. de Bs. As.

FALLO COMPLETO

Dictamen de la Procuración General:

El Dr. Ricardo Pablo Reca, en representación de los Concejales de la Municipalidad de Navarro, María Antonieta Murphy, Nelson Humberto Morra, Alfredo Castellari, Oscar Aníbal Iriarte, Néstor Gustavo Quiroga y José María Garate, se presenta ante V.E. incoando demanda originaria de declaración de inconstitucionalidad, conforme lo preceptuado en los artículos 161 inc. 1ro. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Ordenanza Municipal del Partido de Navarro Nro. 550/96, promulgada por Decreto Municipal Nro. 108/96.

I.‑

Alega que la Ordenanza citada ha violado el procedimiento de sanción establecido en el artículo 193 inc. 2do. y los preceptos enunciados en los artículos 191, 192 incs. 5 y 6, y art. 195 de la Carta Magna provincial.

Argumenta el accionante que “…existe la posibilidad cierta e inminente de un actuar confiscatorio por parte del Municipio, que violenta abiertamente principios inveterados de tutela constitucional (arts. 10, 11 y 31 de la Const. Pcial.)”.

Invoca la procedencia formal de la acción, estimando viable su encuadramiento en el artículo 685 del Código de rito, haciendo la salvedad de que ha sido interpuesta dentro del plazo de treinta días exigido en el artículo 684.

En lo atinente a la legitimación activa, argumenta su admisión en el doble carácter de concejales y contribuyentes de sus representados.

Al tratar los hechos, expone que en la Sesión Ordinaria Nro. 6, del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Navarro, llevada a cabo el 11 de junio de 1996, cuando se procedía a tratarse el punto 8vo. del Orden del Día, referido a la aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva, antes de iniciarse la votación, los seis concejales integrantes del Bloque de la Unión Cívica Radical se retiran del recinto, “provocando con esta actitud una inobjetable falta de quórum”.

El accionante pone énfasis en que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Navarro, al encontrarse integrado por doce concejales, conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal, debe estar constituido al menos de siete ediles para sesionar válidamente, esto es, la mitad más uno de sus miembros.

Cuestiona asimismo que el retiro de los concejales haya sido interpretado como una votación por la abstención, haciendo referencia a lo asentado en el Acta de la sesión llevada a cabo el 11 de junio de 1996. Expresa el actor que en ningún momento se ha solicitado el voto al Bloque de la Unión

Cívica Radical, tornándose improcedente considerar que se ha votado por la abstención si los miembros no se encuentran presentes.

Se resalta que se trata de una “insalvable regularidad” con la cual se ha aprobado la Ordenanza Preparatoria para el posterior tratamiento de modificación de la Ordenanza Impositiva.

A raíz de los acontecimientos citados, los demandantes remiten cartas documentos a los Concejales integrantes del Bloque del Partido Justicialista y al Presidente del Concejo Deliberante, poniendo de manifiesto las “irregularidades aludidas” y posteriormente se envían piezas postales a distintos contribuyentes, con la finalidad de evitar se realice la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, señalándose las “severas anomalías ocurridas”.

Cuestiona asimismo el peticionante la integración del Registro de Mayores Contribuyentes.

Como conclusión de los hechos enunciados, se pone de resalto “la irregularidad de todo el procedimiento”, el cual se traduce en “la falta de quórum para la aprobación de la ordenanza preparatoria, ya que sin ella no puede tener lugar el supuesto contemplado en el artículo 193 inc. 2do. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

En definitiva, la actora entiende que la Ordenanza motivo de estos actuados “vulnera el procedimiento específico señalado por la Constitución provincial, artículos, 193 inc. 2do. en especial, 192 incisos, 5 y 6, 191, 194 y 195”.

Por último, solicita como medida cautelar la no aplicación de la Ordenanza controvertida (arts. 232 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial), ofreciendo caución juratoria.

II.‑

A fs. 114, el Alto Tribunal resuelve no hacer lugar a la medida precautoria solicitada, considerando que “…en autos no se encuentran suficientemente acreditados los extremos que tornan procedente el dictadoö”.

La Municipalidad de Navarro, por medio de sus apoderados, contesta la demanda promovida a fs. 188 y siguientes, solicitando se rechace la misma en todas sus partes, con costas a los accionantes.

Niega expresamente la autenticidad del video y de la documentación adjuntada por la demandante, la falta de quórum, la desvirtuación del desarrollo de la sesión, la adulteración del acta y la falsedad ideológica aludida.

Afirma que la Ordenanza Preparatoria de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, “…fue aprobada por seis votos del Bloque Justicialista y seis por la abstención, según dictamen del Bloque de la Unión Cívica Radical”, rechazando los términos de la contraparte en el sentido que “…la Ordenanza Preparatoria haya sido aprobada irregularmente”.

Destaca la inexistencia de las irregularidades invocadas por la actora respecto a la designación de los Mayores Contribuyentes.

Cuestiona que los actores no hayan expresado concretamente los derechos patrimoniales afectados atento lo preceptuado en los artículos 161 inc. 1ro. de la Constitución Provincial y 684 párrafo primero del Código Procesal Civil y Comercial

IV.‑

En la contestación del traslado conferido a fs. 192, la actora niega la autenticidad del Acta Nro. 10 bis correspondiente a una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

Ratifica en definitiva el contenido de la demanda obrante a fs. 89 y siguientes.

V.‑

A fs. 197, se abre la causa a prueba por el término de cuarenta días. Se libra oficio a la Municipalidad de Navarro a los efectos de que se expida acerca de la autenticidad de la documentación oportunamente acompañada, adjuntándose las piezas probatorias autenticadas.

VI.‑

A fs. 389, obra el Alegato presentado por la parte actora, en el cual se expresa que la falta de quórum en la Sesión Preparatoria se la pretende forzosamente superar desde la antojadiza interpretación que el retiro de los concejales que componen la mitad del Cuerpo, suponía un voto por la abstención (punto V.1.1 y V.1.2).

Entiende la parte actora que lo antes mencionado “es el agravio principal que ha posibilitado todas y cada una de las actuaciones que constituyeron el irregular procedimiento, que concluyó con la promulgación de la Ordenanza 550/96”.

VII.‑

A fs. 393, se determina dar por perdido a la parte demandada el derecho que tenía de alegar, pasando las presentes actuaciones en vista a estaáProcuraciónáGeneral.

Opino que V.E. debería hacer lugar a la demanda incoada ello en razón de los fundamentos que paso a propiciar.

En efecto, conforme lo preceptuado en el art. 69 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto‑Ley 6769/58 y leyes modificatorias): “La mayoría absoluta del total de Concejales que constituyen el Concejo, formará quórum para deliberar y resolver todo asunto de su competencia, excepto expresa disposición en contrario”.

A los efectos del dictado de una Ordenanza tendiente al “aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras” (conf. art. 193 inc. 2 Const. Pcia. de Bs. As.) resulta menester que el Concejo Deliberante, por simple mayoría, sancione una Ordenanza Preparatoria que oficiará de anteproyecto, para ser considerado en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (conf. arts. 29 inc. 2 y 98 párrafo primero del Decreto‑Ley 6769/58).

Esta Ordenanza Preparatoria exigida por la normativa referenciada, que motiva la presentación de la actora, ha sido aprobada sin el número mínimo de miembros cuya asistencia es considerada necesaria para que pueda el Cuerpo deliberar válidamente y adoptar resoluciones.

Se trata de un vicio procedimental en la formación de la Ordenanza que al tornarse violatorio de los preceptos de los arts. 193 inc. 2, 195 y concordantes de la Constitución Provincial y 29 inc. 2, 69 y 98 párrafo primero del Decreto Ley 9769/58, tiende a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad incoada.

En la misma, el Poder Judicial ejerce una función jurídica que actúa como garantía de los derechos individuales o del orden institucional (Autos “López del Canto, Antonio y Otros”, 28/7/70).

Es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que confieren facultades privativas o no a los otros poderes para determinar su alcance, sin que ello constituya una cuestión política inmune al ejercicio de la jurisdicción, ya que esclarecer si un poder del Estado provincial o una de las ramas que integran una de sus formas organizativas como lo son  los Municipios tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial (cf. Voto Dr. Boggiano, considerando quinto; causa “Provincia del Chaco c. Estado Nacional”, C.S.J., noviembre 24, 1998).

Planteada una “causa” en donde se denuncia la afrenta constitucional es sin lugar competente la Suprema Corte de Justicia para resolver acerca de la existencia y los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los distintos departamentos municipales, y la propia constitución, la que determina normas procedimentales de aplicación directa para aquellos.

No es posible por otra parte admitir que una facultad pueda derivar en la aceptación sin más de una conducta o resolución arbitraria, cuando los actos carentes de su causa legal violan la Constitución y resultan incompatibles con el Gobierno republicano (arts.1, 3 y 45 de la Constitución de la Provincia).

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En la medida en que la cuestión no tenga carácter simplemente consultivo ni importe una indagación meramente especulativa sino que responda a un caso y busque precaver los efectos de un acto en ciernes‑ al que se le atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional local, ‑la acción originaria de inconstitucionalidad‑, constituye una vía apta para intentar que se eviten los eventuales perjuicios que se denuncia (cf. en lo pertinente, C.S., 6, octubre‑994; “Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe”). Se ha configurado, por ende, una controversia “definida y concreta (“Fallos”, 242:353; 306:1.125; 341 U.S. 123, 149 y sgtes. entre otros).

Y es con arreglo a lo expuesto que resultó materia justiciable el examen de la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley en el ámbito del Congreso (“Fallos 256:556), o la invalidez de determinadas promulgaciones del Poder Ejecutivo (“Fallos” 268;352; 189:156), pues el mandato de la Constitución que pesa sobre el Poder Judicial es el descalificar todo acto que se oponga a aquélla (“Fallos 1: 340; 32:120; 318:1967, entre muchos).

Asimismo, la accionante ha acreditado la calidad de parte interesada, invocando el derecho que se halla afectado debido a la aplicación de la Ordenanza que se controvierte (conf. B‑43.537, “Molinos Río de La Plata S.A., 15/9/59 ‑ AS 1959‑III‑222).

Los miembros de los Cuerpos legislativos, y en el caso, los concejales en su atribución constitucional coadyuvan en la formación de la voluntad pública de sancionar la norma. Cada Concejal en cuanto integrante de un órgano colegiado inviste un interés propio derivado del propio derecho de ejercicio de la función que comparte con los demás miembros, siendo responsable por la consecuencia adoptada por el Cuerpo o por parte de él. este protagonismo se ha dicho reviste entidad suficiente para admitir que cada vez que entiendan que se sustrae al Cuerpo todo del ejercicio de una competencia que les incumbe, como órgano colegiado y complejo, disponen de la legitimación para acudir a la justicia y para reivindicar la posibilidad de participar en la decisión del conjunto impedida u obstruída. La circunstancia que el Cuerpo todo pudiera estar legitimado no alcanza para negar la individual que compete a cada legislador o miembro de un cuerpo colegiado como es el caso de los concejales en el Cuerpo Deliberante (cf. en lo propio, Bidart Campos, legisladores”, Nota a fallo, “La Ley”, t. 1997, F, pág. 564 y siguientes).

El procedimiento de formación y dictado de la Ordenanza fiscal e Impositiva motivo de estos actuados, se encuentra viciado debido a la falta de quórum necesario para su sanción, tal como se refleja en el Acta nº 10 correspondiente a la 6ta. Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Navarro, en la cual los seis ediles pertenecientes al bloque de la Unión Cívica Radical, se retiran del recinto antes de procederse a la votación del punto 8vo. de la Orden del Día referido a la Ordenanza Preparatoria precitada, lo cual torna imposible la prosecución del procedimiento exigible por la normativa para la aprobación de la misma.

En consecuencia, entiendo que la acción de inconstitucionalidad interpuesta no encuentra óbice para su admisibilidad, en cuanto se hallan reunidos los requisitos esenciales para su procedencia, esto es que se trata de una materia regida por la Constitución (conf. Autos “Coriolano, Pedro Blas, 9/11/76 y en igual sentido “Salvo, Enrique”, 8/2/77), se ha citado la cláusula constitucional infringida (conf. B‑40.985, “Ariño de Murro, María Irene y otros”, 10/9/57 ‑ AS, 1957‑IV‑565; en igual sentido, B‑ 43.402 “Sociedad Goma, Basso, Duro y Cía.”, “Ac. y Sent.”, 1963‑I‑347), individualizándose en forma concreta la lesión sufrida por los accionantes (conf. “López de Canto, Antonio y otros”, 28/7/70).

Tal es mi dictamen.

La Plata,6 de agosto de 1999 ‑ Eduardo Matias De La Cruz

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a veintiuno de junio de dos mil, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Laborde, Hitters, de Lázzari, Salas, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 2029, “Murphy, María Antonieta y otros contra Municipalidad de Navarro. Inconstitucionalidad Ordenanza 550/96”.

A N T E C E D E N T E S

  1. María Antonieta Murphy, Nelson Humberto Morra, Alfredo Castellari, Oscar Aníbal Iriarte, Néstor Gustavo Quiroga y José María Garate, por apoderado, promueven demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia y 683 y sigtes. del Código Procesal Civil y Comercial, solicitando ‑en el doble carácter de concejales y contribuyentes‑ la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza municipal del partido de Navarro 550/96, promulgada por decreto municipal 108/96, por infracción a los arts. 193 inc. 2º en especial, 195, 192 incs. 5º y 6º y 191 de la citada Constitución.

Alegan que, por medio de la citada Ordenanza se aumentaron distintas tasas y derechos municipales de la Ordenanza Fiscal, contrariando el espíritu y la letra del restrictivo procedimiento de formación y sanción de este tipo de ordenanzas.

Argumentan que “… existe la posibilidad cierta e inminente de un actuar confiscatorio por parte del municipio, que violenta abiertamente principios inveterados de tutela constitucional (arts. 10, 11, y 31 de la Const. pcial.)”.

Afirman que se encuentran reunidos los requisitos de procedencia formal de la acción: se invoca la finalidad preventiva de la disposición del art. 685 2º apartado del Código Procesal Civil y Comercial, en la medida que la aplicación de la norma no se ha hecho efectiva al momento de la interposición de la acción, y se hace la salvedad de que ha sido interpuesta dentro del plazo del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que la Ordenanza en cuestión fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 23‑VII‑1996.

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En cuanto a la legitimación, los actores se presentan en calidad de concejales “pues en tal carácter se hallan comprendidos en el alcance de la Ordenanza cuestionada”, como así también en calidad de contribuyentes, “ya que el interés afectado deviene del compromiso patrimonial provocado por la segura aplicación de la norma” en cuyo alcance quedarán “directamente sometidos”.

En cuanto a los hechos, exponen que en la Sesión Ordinaria 6 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Navarro llevada a cabo el 11 de junio de 1996, cuando se procedía a tratar el punto 8º del Orden del Día, referido a la aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva, antes de iniciarse la votación, los seis integrantes del Bloque de la Unión Cívica Radical se retiraron del recinto, “provocando con esta actitud una inobjetable falta de quórum”.

Destacan que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Navarro, integrado por doce concejales, requiere para sesionar válidamente ‑conforme lo preceptuado por el art. 69 de la Ley Orgánica municipal‑ de siete ediles, es decir, la mitad más uno de sus miembros.

Cuestionan que el retiro de los concejales haya sido interpretado como una votación por la abstención, haciendo referencia a lo asentado en el Acta de la Sesión llevada a cabo el 11 de junio de 1996, la cual ‑sostienen‑ refleja una manifiesta falsedad ideológica ‑según testimonio que se recoge del Acta Notarial que adjuntan‑. Expresan que en ningún momento se solicitó el voto al Bloque de la Unión Cívica Radical, tornándose improcedente considerar que se ha votado por la abstención si los miembros no se encontraban presentes.

Alegan que la “insalvable irregularidad” con la que se “aprobó” la Ordenanza Preparatoria constituye un requisito inexcusable para el tratamiento posterior de la modificación de Ordenanza Impositiva.

Es por ello que los actores enviaron cartas documentos a todos los miembros presentes en la Sesión poniendo de manifiesto las “irregularidades aludidas”.

Además cuestionan la integración del Registro de Mayores Contribuyentes señalando que el Departamento Ejecutivo elevó el listado sin contemplar las previsiones legales y excluyendo la participación y conformidad de los actores.

En definitiva, destacan “la irregularidad de todo el procedimiento” que se desprende de la “falta de quórum para la aprobación de la Ordenanza Preparatoria, ya que sin ella no puede tener lugar el supuesto contemplado en el art. 193 inc. 2º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

Concluyen que la Ordenanza en cuestión “vulnera el procedimiento específico señalado por la Constitución provincial, artículos 193 inc. 2º en especial, 192 incs. 5º y 6º, 191, 194 y 195”.

En virtud de las razones que exponen, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza 550/96 de la Municipalidad de Navarro.

  1. La Municipalidad de Navarro, por apoderado contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas.

Niega la autenticidad del video y de la documentación adjuntada por la demandante, la falta de quorum, la desvirtuación del desarrollo de la sesión, la adulteración del acta y la falsedad ideológica aludida.

Sostiene que la Ordenanza Preparatoria de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, “… fue aprobada por seis votos del Bloque Justicialista y seis por la abstención, según dictamen del Bloque de la Unión Cívica Radical”, rechazando los términos de la contraparte en el sentido que “…la Ordenanza Preparatoria haya sido aprobada irregularmente”.

Afirma que no fueron tales las irregularidades que la parte actora invoca respecto de la designación de los Mayores Contribuyentes.

Cuestiona la legitimación activa de los demandantes desde las dos situaciones que invocan. En primer lugar, manifiesta que los actores, en calidad de particulares, no expresan concretamente los derechos patrimoniales afectados atento lo preceptuado en los arts. 161 inc. 1º de la Constitución provincial y 684 1er. párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. En segundo lugar, señala que el carácter de concejal no es suficiente para entablar la acción de inconstitucionalidad.

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3. La parte actora contesta el traslado conferido, niega la autenticidad del Acta 10 bis correspondiente a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes ‑señalando al respecto que las Actas 10ª y 11ª expresan armónicamente la forma en que se desarrolló el proceso cuestionado‑, y ratifica el contenido de la demanda.

  1. Producida la prueba, agregado el alegato de la parte actora ‑no habiendo hecho uso de ese derecho la parte demandada‑ y el dictamen del Procurador General ‑en el cual aconseja hacer lugar a la demanda‑, encontrándose la causa en estado de ser resuelta, corresponde plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª) ¿Es formalmente procedente la demanda?

Caso afirmativo:

2ª) ¿Es fundada la demanda?

V O T A C I O N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

  1. Con arreglo a los arts. 161 inc. 1º de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial que reglamentan a aquél, se encuentra legitimado para entablar la acción originaria de inconstitucionalidad quien acredite la calidad de “parte interesada”, ésto es la titularidad de un interés legítimo, situación que se configura en el caso desde que los actores invocan las condición de contribuyentes, además de la de concejales.

Sostienen, en efecto, que se hallan afectados sus derechos constitucionales  (arts. 10, 11, 31 de la Constitución provincial) y lo hacen sobre la base de la concurrencia de las condiciones de aplicación de la Ordenanza a sus respectivas situaciones.

Tal circunstancia es suficiente para tener por cumplimentada la exigencia de legitimación (art. 161 inc. 1º, Const. prov.).

Sin perjuicio de ello, acorde con el criterio expuesto en el dictamen de la causa por el señor Procurador General, y como he tenido oportunidad de señalarlo en distintos precedentes, entiendo que la condición de concejal habilita a plantear la demanda de inconstitucionalidad.

El señor Procurador General destaca al efecto, siguiendo a Bidart Campos, que los miembros de los cuerpos legislativos, y en el caso, los concejales en su atribución constitucional coadyuvan en la formación de la voluntad pública de sancionar la norma. Cada concejal en cuanto integrante de un órgano colegiado inviste un interés propio derivado del propio derecho de ejercicio de la función que comparte con los demás miembros, siendo responsable por la consecuencia adoptada por el cuerpo o por parte de él. Este protagonismo, se ha dicho, reviste entidad suficiente para admitir que cada vez que se entienda que se sustrae al Cuerpo todo el ejercicio de una competencia que le incumbe, como órgano colegiado y complejo, disponen de legitimación para acudir a la justicia y para reivindicar la posibilidad de participar en la decisión del conjunto impedida u obstruida. La circunstancia que el cuerpo todo, en cuanto órgano, pudiera también estar legitimado, no alcanza para negar la individual que compete a cada legislador o miembro de un cuerpo colegiado como es el caso de los concejales en el Cuerpo Deliberante.

El carácter de partes interesadas, a los fines de esta demanda, no les puede ser negado a los reclamantes, dado que, además de la condición de contribuyentes, han invocado su calidad de ediles. Sujeto el procedimiento de sanción de una Ordenanza a determinados preceptos y formalidades, bajo la garantía que la misma acuerda a los concejales, ellas implican el interés directo de los presentantes a reclamar su observancia y efectividad.

  1. Cabe analizar ahora si puede considerarse que, como sostiene la demandada, existen restricciones a la función jurisdiccional cuando los vicios constitucionales alegados se refieren al procedimiento de formación y sanción de las normas del sistema, en este caso, una Ordenanza municipal. La objeción deviene inatendible.

No se trata de revisar la ponderación privativa del órgano deliberativo en torno a la facultad de dictar ordenanzas o a la oportunidad de hacerlo, sino de juzgar la validez de una norma frente al inequívoc cuestionamiento de la misma por incumplimiento de requisitos constitucionales ineludibles, como sucede en el caso en que se denuncia la inobservancia de la mayoría de votos necesarios para la existencia y consecuente validez de una Ordenanza municipal.

No cabe restringir, dogmáticamente, el carácter justiciable de la cuestión, si se hallan en tela de juicio los requisitos de forma y procedimiento “reglados” constitucional y legalmente y constitutivos de la norma como tal.

A la primera cuestión planteada, voto por la afirmativa. Costas a la vencida (art. 68, C.P.C.C.).

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Laborde dijo:

Si bien en diversos precedentes esta Corte, mayoritariamente, ha negado legitimación a representantes de la voluntad popular para promover la demanda originaria de inconstitucionalidad atento el carácter de “parte interesada” que requiere el art. 161 inc. 1º de la Constitución provincial (v. causas I. 1433, res. del 10‑X‑1989; I. 1601, res. del 16‑VI‑1994; I. 1696, res. del 4‑III‑1995) lo cierto es que, en la especie, los accionantes han asimismo invocado ‑acreditándolo (v. fs. 107/111)‑ su condición de contribuyentes lo que evidencia, a mi juicio, el indicado carácter de “parte interesada” para cuestionar la validez constitucional de la Ordenanza 550/96, pues este ordenamiento regula una materia relacionada en forma cierta con aquella situación.

Con tal alcance adhiero al voto del doctor Negri y doy el mío también por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Hitters, de Lázzari y Salas, por los fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

  1. Sentado lo anterior, corresponde entrar al meollo de la cuestión: si el consenso reunido para la promulgación del acto es acorde a derecho. Al respecto, he de decir que la Ordenanza 550/96 constituye un plexo normativo que, por su naturaleza ‑a la cual me referiré‑, implica una exigencia de consenso de la mayoría absoluta de los integrantes del órgano.

En efecto: la Ordenanza 550/96 constituye la Ordenanza Impositiva y Fiscal para el año 1996 de la Municipalidad de Navarro. Su contenido implica la modificación de más de cuarenta (40) artículos de la Ordenanza Impositiva vigente, reestructurando tasas, creando nuevas y aumentando las existentes en el Partido.

1

Para tales casos, y con la clara intención de establecer límites a las atribuciones municipales en esta materia, el inc. 2º del art. 193 de la Constitución provincial determina: “… Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales”.

Concordantemente, el art. 29 del dec. ley 6769/58 ‑Ley Orgánica de las Municipalidades‑ determina: “Corres ponde al Concejo sancionar las ordenanzas impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la municipalidad. Las ordenanzas impositivas que dispongan aumentos o creación de impuestos o contribución de mejoras, deberán ser sancionadas en la forma determinada por el art. 193, inc. 2, de la Constitución de la Provincia, a cuyo efecto se cumplirán las siguientes normas: 1. El respectivo proyecto que podrá ser presentado por un miembro del Concejo o por el intendente, será girado a la comisión correspondiente del cuerpo. 2. Formulado el despacho de la comisión, el Concejo por simple mayoría sancionará una Ordenanza Preparatoria que oficiará de anteproyecto, para ser considerado en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes. 3. Cumplidas las normas precedentes, la antedicha asamblea podrá sancionar la Ordenanza definitiva”.

En el presente caso, el conflicto aparece al someterse el proyecto de Ordenanza Preparatoria a la aprobación del Concejo Deliberante. En efecto: éste fue convocado el día 11 de junio de 1996 a las 21 hs. a la Sesión Ordinaria 6 para considerar un Orden del Día cuyo punto 8º consistía en el tratamiento de “Dictamenes de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Legislación sobre Ordenanza Impositiva y Ordenanza Fiscal 1996. Expediente 1182/96”.

En este punto, corresponde precisar que el quorum necesario para sesionar que debe tener el cuerpo deliberativo, a tenor de lo previsto en el art. 69 de la Ley Orgánica municipal, debe ser de la mitad más uno de sus miembros. Dicha norma expresa: “La mayoría absoluta del total de concejales que constituyen el Concejo, formará quorum para deliberar y resolver todo asunto de su competencia, excepto expresa disposición en contrario…”.

Teniendo en consideración que el Concejo Deliberante de Navarro se integra con doce (12) concejales y, que por las razones que se exponen en la demanda, en el transcurso de la Sesión, al llegar al análisis del punto 8º, los seis (6) concejales disidentes se retiraron del recinto luego de exponer los motivos que llevaron a esa decisión ‑hecho que resulta acreditado con la documentación que se adjunta y con el video que también se acompaña‑, y antes de que la Presidencia invite a los integrantes a pasar a la votación del punto en cuestión, es obvio que el cuerpo quedó inhabilitado para continuar sesionando válidamente. De allí que, todo lo acontecido con posterioridad al hecho narrado, carece de legitimidad suficiente.

Como consecuencia de ello, desde el momento en que la sesión comenzó a desarrollarse con la presencia de sólo seis (6) ediles ‑y no siete (7) como reglamentariamente hubiera sido menester‑, no es posible sostener la validez de ningún acto, y bajo ningún concepto, la aprobación de una Ordenanza de la naturaleza de la cuestionada en la presente causa.

Por ello, considero que asiste razón a la parte actora cuando dice que el episodio de la falta de quorum fue intencionalmente desnaturalizado, y en interpretación forzada, se concibió el retiro de los concejales como una votación por la abstención. Ello surge claramente del Acta levantada en la sesión del 11 de junio (Acta 10, fs. 280/298), la cual no refleja la realidad de lo ocurrido en tanto no es lo mismo “no votar” que “abstenerse de votar”, pues esta última posibilidad ‑a diferencia de la anterior‑ presupone la presencia de quien adopta tal actitud. Tergiversar de tal modo los hechos constituye una severa irregularidad.

Dicha anomalía, en el caso, permitió a los concejales presentes seguir adelante con el procedimiento de aprobación y sanción de la Ordenanza Impositiva ya expuesto. Salvada esa etapa, se convocó a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, ignorando las cartas documento que ‑denunciando lo acontecido‑ fueron enviadas por los concejales disidentes a los concejales aprobantes, al Presidente del Concejo y a los contribuyentes que integrarían la posterior Asamblea.

  1. A mayor abundamiento, si bien es cierto que los elementos analizados hasta el momento alcanzan para demostrar la inconstitucionalidad de todo el procedimiento que habilitó el tratamiento de la Ordenanza 550/96, merece una consideración aparte la cuestión referente a la irregular convocatoria de los contribuyentes.

Tal situación adquiere relevancia ya que como establece el capítulo III de la Ley Orgánica municipal ‑De la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes‑, la disposición prevista por el art. 93 define en remisión explícita a la Constitución provincial (art. 193) la calidad de Mayores Contribuyentes, así como también un exhaustivo procedimiento en cuanto a su integración (art. 94) y funcionamiento (art. 98 y sigts.) tendiente a garantizar la mayor representatividad, publicidad y legalidad para la conformación de esta instancia.

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Esas previsiones fueron incumplidas pues, en primer lugar, el Registro de Mayores Contribuyentes nunca se habilitó como correspondía (véase a fs. 283/284 las manifestaciones del concejal Morra vertidas en la Sesión del 11 de mayo de 1996, Acta 10).

Es preciso tener presente que el punto 7º del mismo Orden del Día que nos ocupa, se refería a “Dictamenes de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Legislación, sobre listado de Mayores Contribuyentes. Expediente 1181/96”, el cual tampoco fue compartido por los actores, y sin embargo, fue aprobado ‑resolución 006/96‑ en condiciones idénticas a la Ordenanza Preparatoria, es decir, con el voto de sólo seis (6) concejales, pero con el agravante de que la lista fue integrada o completada de oficio por el Intendente ‑como lo autoriza el inc. 3º del art. 94‑, lo cual resulta demostrativo de la firme intención de lograr quorum, sustituyendo la ausencia de los seis (6) concejales disidentes, con la presencia mayoritaria de los contribuyentes asistentes.

En segundo lugar, también se forzó el quorum exigido por la Ley Orgánica municipal en su art. 99 que, en directa aplicación del art. 193 inc. 2º de la Constitución provincial, establece que en la primera citación deben concurrir la mitad más uno de los Mayores Contribuyentes e igual número de concejales, y para el supuesto en que esta primera convocatoria se viera frustrada por falta de quorum, el art. 100 establece que la asamblea quedará constituida con un número de Mayores Contribuyentes que con los concejales presentes formen mayoría absoluta.

Efectivamente, surge de autos que la primera convocatoria fue simulada a fin de habilitar una segunda en el marco del art. 100. Ello se desprende de la insólita numeración que se le dio al Acta respectiva ‑Acta 10 bis‑, la que por otra parte nunca fue aprobada en las Sesiones posteriores, lo que queda acreditado con la documentación agregada por la misma demandada (Véase: a fs. 300, el Acta 11 ‑que aprueba las actas 9 y 10‑, así como también a fs. 310, el Acta 12 ‑que aprueba el Acta 11‑).

III. Por lo tanto, corresponde considerar nulo el procedimiento llevado a cabo por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Navarro a fin de sancionar la Ordenanza cuestionada, toda vez que no se cumplimentaron los requisitos enunciados en el art. 193 inc. 2º de la Constitución provincial (arts. 104 y 105, L.O.M.), desde que quedó demostrado que la falta de constitución del quorum en la Sesión preparatoria se extendió a la falta de quorum de la Asamblea viciando insanablemente todo el procedimiento.

  1. Concluyo que la Ordenanza 550/96 carece de validez constitucional por infracción a los arts. 193 inc. 2º en especial, 192 incs. 5º y 6º, 191, 194 y 195 de la Carta local, que imponen y garantizan un procedimiento especial inherente del aumento y creación de nuevos impuestos que en el caso no ha sido observado.

Por ello, y de acuerdo a lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de la Ordenanza 550/96 de la Municipalidad de Navarro y, en consecuencia, su inaplicabilidad en relación a los actores (arts. 161, inc. 1º, C.P.; 688, C.P.C.C.).

A la segunda cuestión planteada, voto por la afirmativa.

Costas a la demandada en su condición de vencida (art. 68, C.P.C.C.).

Los señores jueces doctores Laborde, Hitters, de Lázzari y Salas, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la demanda interpuesta, declarándose la inconstitucionalidad de la Ordenanza 550/96 de la Municipalidad de Navarro y, en consecuencia, su inaplicabilidad en relación a los actores (arts. 161 inc. 1º, C.P.; 688, C.P.C.C.).

Con costas a la parte demandada en su condición de vencida (art. 68, C.P.C.C.).

Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del doctor Ricardo Pablo Reca en la suma de … pesos (arts. 10, 14, 15, 16 incs. “b” y “c”, 21 2º párrafo, 22, 28 inc. a, 49 y 54 del dec. ley 8904/77), cantidad a la que se le deberá adicionar el 10% (ley 8455).

Regístrese y notifíquese.