Por Andrés Klipphan

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Desarmadero, drogas y armas. En la Unidad 39 de Ituzaingó, las rejas no son impedimento para delinquir. Usan a los presos para negocios ilegales y hasta como mano de obra esclava. La valiente denuncia de un detenido y la palabra oficial. Fotos y audios exclusivos

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Las fotos que ilustran esta nota fueron tomadas en las últimas horas en la Unidad Penal 39, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en Ituzaingó. Las imágenes se corresponden con una especie de desarmadero, que funcionaría bajo la protección de los propios penitenciarios, en los talleres del lugar. Las fuentes consultadas por esta revista aseguran que los móviles son robados por los propios internos del penal, durante salidas transitorias, a solicitud de los propios uniformados a cambio de más horas o días en libertad. También los penitenciarios son responsables de entrar la droga y de utilizar mano de obra esclava para trabajos fuera del penal, siempre de acuerdo con la denuncia que realiza un interno anteVeintitrés.

 

 

 

Según contó el abogado de uno de los internos a esta revista, “por un par de horas de más en sus salidas transitorias los obligan a traer celulares de alta gama o notebooks, o tienen que pagar entre 2.000 y 3.000 pesos según las horas de más que queden afuera. Además, traen autos y los desarman en los talleres ahí mismo”.

 

Quienes conocen la Unidad 39 de Ituzaingó no pueden dudar de que los autos desarmados están en los talleres del penal; es más, en una de las fotos se observa, perfectamente, seis autos dentro del perímetro de la unidad penitenciaria en cuyos paredones se ve el alambre de púas que lo rodea.

 

–¿Las autoridades no pueden argumentar que allí funciona un taller mecánico? –preguntó esta revista al letrado.
–No, porque en Ituzaingó no funciona ningún taller mecánico. Ese es un desarmadero ilegal regenteado por los penitenciarios, y los autos, motos y celulares son robados por los internos.

 

En la página web del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires (www.spb.gba.gov.ar), se informa que la Unidad 39 “fue inaugurada el 27 de agosto del 2004. Es una unidad que cuenta con un régimen semiabierto”.

 

Actualmente se encuentran habilitados los talleres de panadería, mantenimiento edilicio general, artesanías varias, macetas moldeadas, herrería, parquización, carpintería, y en proyecto de elaboración la fábrica de alpargatas”, es decir, nada que tenga relación con autos, motos, motores ni autopartes.

 

 

Algunos internos le aseguraron a Veintitrés que la misma Policía Bonaerense de la zona (Morón, Castelar y General Rodríguez), en complicidad con los encargados del penal, es la que libera las zonas para que los presos puedan delinquir sin que nadie los moleste.

 

De hecho, el 27 de septiembre pasado, la denominada “banda del millón” denunció que “el jefe de brigada” de General Rodríguez debía liberar la zona del Banco Provincia para robar una mochila con un millón de pesos que un cliente estaba por ingresar a la entidad. El golpe se llevó a cabo pero dos transeúntes resultaron heridos ya que un policía de civil –que de casualidad estaba en el lugar– se tiroteó con los ladrones. El video, en el cual los delincuentes aparecen disfrazados de policías y encapuchados, se viralizó por las redes sociales.

 

 

El director de la Unidad 39 es Eduardo Correa, el mismo que fue desplazado de la Unidad 45 de Melchor Romero, ubicada en la ciudad de La Plata y destinada a “jóvenes adultos”, después de un motín en el que varios penitenciarios e internos resultaron heridos. Uno de ellos, inclusive, perdió un ojo.

 

Es el mismo penal con el que se comunicó el papa Francisco el año pasado, para hablar con los internos.

 

En diálogo con esta revista, la abogada Karina Valenti denunció que semanas atrás volvió a registrarse una revuelta entre uniformados e internos del Pabellón 8 de la Unidad 45 de Melchor Romero que terminó con 15 heridos: ocho penitenciarios y siete reclusos. Siempre según Valenti, después de los incidentes “ingresaron al pabellón penitenciarios encapuchados y se llevaron a muchos chicos y los trasladaron a otras unidades de la provincia de Buenos Aires sin informarles a sus familiares y abogados”.

 

 

Los trasladados serían 50 internos, al parecer comprometidos con la trifulca que se habría llevado adelante antes de la “maratón de lectura” que estaba prevista como actividad de la asociación Cuenta Conmigo.

 

Los incidentes también coincidieron con una requisa sorpresiva de los agentes, realizada en medio de los reclamos de los detenidos por mejores condiciones de higiene, salubridad, calefacción y alimentación, además de denunciar casos de torturas y hacinamiento.

 

La situación de desborde en el SPB fue expuesta la semana pasada a través de un lapidario informe de la Comisión por la Memoria, que reveló que en los penales bonaerenses mueren unos 12 presos por mes, 145 durante todo el año 2015, la gran mayoría de ellos por enfermedades prevenibles, como la tuberculosis.

 

Veintitrés ya había denunciado que en la Justicia tramitaba una causa por la existencia de un desarmadero trucho en el penal de Barker, ubicado en Benito Juárez, desde donde se distribuirían drogas y hasta se fabrican facas, que están en poder de los internos. Todo esto, corroborado por las autoridades.

 

La denuncia tramita aún hoy en la Justicia y fue impulsada a través de un hábeas corpus presentado por la abogada Valenti, que defendía a unos 60 internos de la Unidad Penal 37 de Barker, cinco de los cuales estaban enfermos de tuberculosis. Uno de ellos, Alejandro Moreira González, quien falleció, tenía 30 años y pesaba menos de 45 kilos. “La tuberculosis le reventó los órganos, murió ahogado”, le dijo Valenti a este semanario.

 

El ministro Gustavo Ferrari y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya anticiparon una amplia reestructuración sobre el SPB, lo que generó (al igual que en la policía provincial) resquemores y malestar dentro de la institución, la menos democratizada desde la restauración de la democracia en 1983. Los últimos motines o revueltas se generaron en medio de estos anuncios. Al igual que algunas amenazas sobre la vida de Vidal y su familia que fueron generadas desde las mismas cárceles de la provincia de Buenos Aires.

 

 

La Suprema Corte de Justicia bonaerense reconoció la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos en los presidios de la provincia. La semana pasada, su vicepresidenta, Hilda Kogan, acompañó la presentación del informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que recalcó: “La tortura se aplicó y se aplica de manera sistemática, es estructurante del sistema de crueldad que sostiene a la política criminal implementada desde hace quince años”.

 

Una radiografía de la realidad de hoy, dentro y fuera de las cárceles.

 

“Es una mierda, amigo”

 

 

Por unas horas de salidas transitorias de más, tenés que robar para los penitenciarios celulares de alta gama, de 18 lucas, de 20 lucas también, después ellos los venden. O les tenés que llevar una computadora portátil, como las que están en las fotos. Y, si no, en efectivo 5.000 o 6.000 pesos”, cuenta Pablo Javier Perera Montoya, el preso que mandó las fotos a Veintitrés y que da la cara públicamente para tratar de evitar que los miembros del Servicio Penitenciario tomen represalias a partir de su denuncia.

 

–¿Y de dónde sacan ese plata para pagar las salidas?

–De los choreos, de salir a robar. En mi manera de pensar está mal salir a robar. Porque salís a robar armado. Salís a robar y a matar.

 

–O a que te maten.

–Y… eso es mucho peor. Porque si matás, te complicás todavía más, te dan perpetua y no salís nunca más. Pero hay chicos a los que no les importa y salen y por ahí no vuelven porque los mataron.

 

 

–¿Y qué son las bolsitas que están arriba de las computadoras que muestran las fotos?

–Cocaína y marihuana.

 

–¿Y cómo la entran?

–La compramos con el producto del choreo que hacen los muchachos que salen. No la entramos nosotros. Nosotros arreglamos con la motito del delivery que llega a la puerta del penal, y el encargado de servicio la entra, Nosotros no la entramos, la pagamos. Y les pagamos a ellos para que la dejen entrar. La pagamos dos veces. Al de la moto y al penitenciario.

 

–¿En la unidad funciona un desarmadero?

–Esos son los talleres de adentro de la cárcel. Ahí están los autos que se roban y se desarman y se venden las piezas; el auto desarmado después vuelve a la calle. Las partes no quedan acá adentro. Algunos penitenciarios se armaron un taller de chapa y pintura y usan mano de obra esclava de los internos. Los hacen laburar por algunas horas de más de transitoria y ellos se quedan con la guita que salga el trabajo. Así que acá en la unidad se hace de todo. Los autos van a un depósito policial. Y de ahí desaparecen. Se los quema.

 

–¿Y la droga?

–La merca siempre se vendió en las cárceles, siempre existió eso. Ahora peor porque el delivery llega hasta la puerta del penal.

 

–¿Por qué contás todo esto?

–Yo tuve problemas siempre dentro de las cárceles. Yo ya denuncié otras veces. Y siempre me castigaron. Yo cumplo una condena de 20 años por un homicidio que no cometí. Ahora tengo otro abogado que se dio cuenta de muchas irregularidades. Yo denuncio lo que pasa en los penales y acá eso no gusta. Denuncio con pruebas. Como estas fotos. Acá los cobanis te invitan a que salgas a robar. Te dicen “si me traés algo de valor, tantas horas más afuera”. Y no les importa si matás para conseguirlo. Esto es una mierda y por eso lo denuncio. Una mierda, amigo. Todo es una mierda.

 

Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense

«Las cárceles son las grandes olvidadas del sistema jurídico»

 

 

En diciembre del año pasado la cantidad de presos en cárceles bonaerenses había alcanzado un nuevo récord histórico: 39.927 personas privadas de su libertad. Los detenidos, obviamente, habían sido heredados de la gestión de Daniel Scioli; sin embargo, el propio ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, le confió a Veintitrés que “las proyecciones actuales indican que por año ingresan unas 2.200 personas y solo egresan entre 600 o 700, por lo cual la situación carcelaria bonaerense será cada vez peor si no tomamos medidas urgentes”.

 

–Después de leer el informe de la Comisión por la Memoria uno concluye que la situación en los penales bonaerenses es dramática.
–Sí, a tal punto que estamos abordando el problema de manera integral. Si a la inseguridad solamente se la considera desde el punto de vista policial, estamos cometiendo un error muy grave, porque en verdad lo que genera seguridad en un país es que armónicamente la policía, la ley, la Justicia y el sistema carcelario trabajen de manera ordenada y organizada.

 

–Después de la fuga del los asesinos del triple crimen de General Rodríguez, los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, la gobernadora Vidal decretó la emergencia carcelaria. ¿Qué se está haciendo en realidad?
–Está claro que este año no vamos a resolver la situación de hacinamiento que se vive. Ya comenzamos a construir un mínimo de tres cárceles más, es decir, pasar de 55 a 58. La capacidad actual es para unos 27.000 detenidos. Debemos solucionar de manera urgente el hacinamiento y las condiciones de salud. También es necesario que la Justicia actúe con mayor prontitud, algo en lo que ya estamos trabajando. Comenzamos con la formación de efectivos con especialistas del exterior, un trabajo conjunto con Desarrollo Social, y la normalización de los servicios básicos tras una deuda de más de un año con proveedores de comida, gas y medicamentos.

 

–El problema es que el ciudadano se encuentra con dos tipos de inseguridad: el de las calles y el de las cárceles, que parece multiplicar la violencia.
–A ver, uno puede tener la mejor policía del mundo, pero las cárceles deben cumplir la labor que tienen encomendada. Por orden de la gobernadora María Eugenia Vidal, estamos trabajando en forma coordinada.

 

–Hasta ahora parece ser un fracaso.
–El fracaso está dado en que casi la mitad de los presos vuelven a delinquir, casi el diez por ciento lo hacen por tercera vez y el seis por ciento en un número de reincidencia mayor. Ese es el fracaso. Por eso hay que ocuparse del tema de las cárceles, que son las grandes olvidadas del sistema jurídico.

REVISTA VEINTITRÉS