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Ayer en la FM Láser entrevistamos a Zulma Ramon, madre de Elvio, el joven que conmovió hace un par de meses a nuestra ciudad, a raíz de lo que padeció como interno de APAND.

Como bien sabes, en algo que no se nos perdona, el fiscal Hernan Granda y a raíz de nuestras denuncias públicas sobre este caso, se vio «obligado» a intervenir de oficio en el tema, la presión popular «lo empujó» a tener que asumir esa acción.

El martes, en la causa penal que se inició contra las autoridades de la referida institución local, se presentó a declarar Zulma Ramon, madre de Elvio.

Ayer por la mañana la entrevistamos para que nos cuente sobre el estado de salud actual de Elvio, y además, sobre lo qué sintió al tener que presentarse frente a la justicia a dar testimonio.

El padre de Elvio también presto declaración testimonial ante el citado fiscal de nuestra ciudad.

Zulma nos contó que Elvio está más que bien, lo cual hace que todos sus afectos de la misma forma se encuentren en la actualidad.

Al minuto diez de la nota que le hicimos, esto le preguntamos:

Pablo Gonzalez: «Zulma, el fiscal en algún momento ¿te puso algún reparo? ¿Te aclaró que él era muy amigo d la intendenta?

Zulma: «Si, me dijo que él no se iba a  poner en contra de la intendenta, porque él era muy, muy amigo de la intendenta… no se porque sacó ese tema, yo nunca hablé de la intendenta, voy a almorzar todos los lunes con ella, y que si les molestaba eso a ellas (estaba con su abogada Marcia Simour) le pueden pedir que se aparte de la causa»

DIVISIÓN DE PODERES

Cada Estado está compuesto por tres elementos a saber, territorio, población y poder. Este poder necesita ser reglamentado, dando lugar a reglas claras de juego, en función del espacio territorial en donde el mismo será ejercido, y a las personas sometidas al mentado poder del Estado.

En el sistema republicano de gobierno (art. 1 C.N.), existe la división tripartita del poder del Estado, el que “resulta de la combinación de dos principios: el primero atiende a la distribución de las funciones estatales; el segundo, a las relaciones entre los órganos competentes para ejercerlas. Los principios en cuestión son: 1) el principio de especialización de las funciones, y 2) el principio de independencia recíproca de los órganos”[1].

Cada uno de los tres órganos de poder del Estado, tiene específicas atribuciones y obligaciones establecidas por la Carta Magna, a las que los mismos deben ceñirse, resguardando sus respectivas competencias y evitando el inmiscuimiento recíproco entre los mismos.

La misma constitución establece límites expresos, con el objeto de proteger el ejercicio jurisdiccional libre de presión del Poder Ejecutivo. “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas o restablecer las fenecidas” (art. 109 C.N.), “…no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”(art. 23 C.N.).

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que cada poder, «dentro de los límites de su competencia, obra con independencia de los otros dos en cuanto a la oportunidad y extensión de las medidas que adopta y a los hechos y circunstancias que la determinan» (Fallos 243: 513), y que es obligación de los jueces «asegurar a cada poder el goce de la competencia constitucional que le concierne en el ámbito de su propia actividad» (Fallos 270: 74; 277: 25)[2].

Este estilo de actuar del Estado, con un poder legislando, otro ejecutando y el restante controlando, es lo que se ha dado a llamar Estado de Derecho y es al “que solemos referirnos con la expresión elimperio de la ley”[3], conformada a los extremos constitucionales.

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial, es el tercer órgano de poder que integra el orden jurídico orgánico de nuestro país, luego del Legislativo y del ejecutivo, y tiene por función entre otras la de juzgar los casos concretos que ante él le sean sometidos por los particulares, como también los conflictos de estos para con el Estado y la de controlar a los otros dos poderes en relación a los actos de gobierno que desempeñen, los cuales, como es obvio deben ser realizados dentro de los parámetros que la Constitución Nacional establece.

Dada nuestra forma de Estado federal, coexisten en él un Estado nacional –soberano como entidad política- con los estados provinciales que gozan de la autonomía, es decir, de la capacidad de organizarse y gobernarse pero dentro del orden supremo que establece la Constitución Nacional (…). Al existir consecuentemente dos órdenes de gobierno, el federal y los provinciales (…) existen también la coexistencia de dos órdenes jurisdiccionales: uno nacional, sobre todo el territorio de la Nación; y otro provincial, dentro del territorio de cada provincia[4].

Para desempeñar tan importante tarea, este poder debe tener la garantía de una absoluta independencia de los demás poderes[5] y de la sociedad misma[6]. Por tales motivos, la Constitución Nacional como las Constituciones Provinciales establecen una serie de institutos tendientes a garantizar dicha independencia, como la inamovilidad de los jueces en sus cargos mientras dure su buena conducta[7] y hasta que a través de un proceso particularmente establecido para los mismos, como lo es el “Jure de Enjuiciamiento” a través del Concejo de la Magistratura[8] y el “Juicio Político”[9], puedan ser removidos por las causales expresa y taxativamente establecidas constitucionalmente.

Asimismo se refuerza la garantía, asegurando a los Magistrados y Funcionarios, que su salario permanecerá incólume hasta el cese en sus funciones, expresándolo el art. 110 de la CN del siguiente modo: “…y recibirán por sus servicios una compensación que determinara la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”[10].

Las razones de tales prerrogativas constitucionales anidan, según nos hace saber Lino Palacios en que “solamente en los jueces reside la potestad que imprime a dichos órganos un sentido específico dentro de nuestro régimen institucional de división de poderes, potestad que consiste en juzgar determinada clase de conflictos[11] (…), sea originariamente o mediante revisión de lo resuelto por funcionarios u organismos administrativos. De esa circunstancia derivan, fundamentalmente, las previsiones constitucionales y legales tendientes a asegurar la independencia de los jueces con respecto a los restantes poderes del Estado”[12].

CONCEPTO

Podemos definir a la independencia del poder judicial, como la garantía instituida en favor de los ciudadanos, para que quienes tienen a su cargo la tarea diaria de impartir justicia en los hechos posteriores a su designación y sometidos a su examen, lo hagan impávidamente, razonablemente, racionalmente y sobre todo, libres de influjos externos, significando un límite concreto a los demás poderes del Estado, frenando una intromisión indebida, y por cualquier medio, de estos en las decisiones jurisdiccionales y soberanas de los magistrados.

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