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Entrevista al juez Luis Arias, que anuló el tarifazo eléctrico en Provincia de Buenos Aires y ordenó que las empresas devuelvan lo cobrado desde febrero. Los servicios públicos como parte del derecho a la vivienda y el camino más allá de la Corte para frenar aumentos desmedidos.

El juez Luis Arias luce agotado. De traje, corte de pelo moderno y barba prolija, es uno de los jueces más nombrados en los noticieros. Son tiempos agitados, pero en la oficina se impone el silencio. El despacho es sencillo, con una biblioteca, una computadora, y un balcón que da a la diagonal 74, una de las más transitadas de La Plata.

Fue uno de los primeros en dictar una medida cautelar –a partir de junio- quesuspendió los aumentos de electricidad en la provincia de Buenos Aires. Ahora dictó sentencia definitiva. En una conferencia junto con asociaciones de consumidores y cooperativas, Arias fue contundente: “No solamente no se pueden cobrar aumentos de acá en adelante, sino que las distribuidoras deben devolver todo lo que se haya facturado de más”. La medida afecta a las empresas Edelap, EDES, EDEA, EDEN y las alrededor de 2 mil cooperativas. El magistrado hizo lugar a un planteo promovido por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

Paradójicamente, en la sede del fuero Contencioso Administrativo de La Plata la electricidad suele cortarse de modo frecuente. “Pasó lo mismo cuando hicimos la denuncia por la inundación, nos cortaban el agua todo el tiempo. Raro, ¿no?”, bromea el juez deslizando una sonrisa. Sobre el escritorio tiene una notebook cerrada, un mate y fotos de sus hijos.

El celular suena incansablemente. Entre escritos que van y vienen, Arias dice que su verdadero enemigo es el periodismo.  “Me cuesta entender cómo los medios se equivocan tanto –se indigna-. No se analiza, no se reflexiona. Dijeron miles de veces que se había caído la medida cautelar y no fue exactamente así. Es obvio que hay intereses de las empresas, que hacen lobby. La desinformación es un arma de fuego”.

La desinformación es un arma de fuego. Es obvio que hay intereses de las empresas, que hacen lobby.

-¿Los aumentos de electricidad en la  provincia están definitivamente anulados?

-La sentencia anula definitivamente el cuadro tarifario. Si las empresas facturan el aumento, estarían teniendo un enriquecimiento sin causa, lo cual es ilegal e ilegítimo. Las empresas deberán devolver todo lo que cobraron de más desde febrero en adelante.

-¿Y cómo se hará para cumplir con esa medida?

-No es la Justicia la que debe resolverlo. La sentencia declaró la nulidad de la Resolución 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y en consecuencia se obliga al Oceba (Órgano de Control de la Energía Eléctrica bonaerense) a que comunique a todas las distribuidores de las provincia que deben retrotraer la resolución al cuadro tarifario anterior. Eso es lo que esperamos que ocurra.

-¿Qué jurisprudencia tomó como fundamento?

-Hay un fallo contra ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) donde la Suprema Corte suspendió el aumento de la tarifa (180 por ciento en 2012) porque no existió una audiencia pública previa. Hay dos cuestiones principales. En primer lugar, la audiencia pública está avalada por el artículo 42 de la Constitución Nacional, en el derecho a la información. Es decir: que los usuarios participen y sepan por qué se va a alterar la tarifa, ya que es un servicio público. En segundo lugar, está el tema de la razonabilidad. El debate de fondo es que los servicios públicos no tienen un precio como en el mercado, y la tarifa debe tener un precio razonable porque de lo contrario se afecta el derecho a la vivienda adecuada. Un aumento desproporcionado vulnera derechos sociales.

-¿Cómo es eso?

-Existen instrumentos legales internacionales contempladas en nuestra Constitución, como la observación general del pacto internacional de derechos económicos-sociales y culturales, que dice que el derecho a la vivienda no es sólo vivir con cuatro paredes y un techo, sino el de asearte, el de cocinarte, el  de calentarte cuando hace frío. Y el derecho a la vivienda, además, asegura otros derechos como el derecho a la salud, abrir una canilla y tener agua potable, el derecho a la intimidad, etcétera. Son un núcleo de derechos fundamentales básicos que están comprometidos. Y el derecho internacional dice que el acceso a la vivienda debe ser a un costo razonable: el costo de alquiler y los impuestos de los servicios te tienen que dejar un saldo razonable en tu salario para vivir dignamente. Es el Estado, entonces, el de que está obligado a subsidiar, si es que el salario queda comprometido por no poder afrontar los costos de alimentación, créditos, servicios, alimentación, recreación. En todas partes del mundo ocurre de esa manera.

-¿Cómo sigue ahora el trámite?

-La discusión recién empieza. Y la sociedad debe dar la discusión, no sólo los medios y los representantes políticos. Más allá de lo que diga la Corte Suprema, esa tampoco va a ser la última palabra. Muchos usuarios podrán ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a otros tribunales internacionales, porque esto no solamente está vinculado a la economía sino a, como dije antes, la satisfacción de derechos humanos fundamentales. El poder judicial tiene una enorme responsabilidad: la de controlar otros poderes. Si hay excesos estamos llamados a corregirlos. Y la tarea del Estado es beneficiar y proteger a los usuarios y garantizar el núcleo de los derechos fundamentales. Si no lo hace, compromete la responsabilidad del Estado. Si alguien no puede pagar la tarifa, puede ir a reclamar a un organismo internacional y este organismo puede condenar a la República Argentina. El Estado está para proteger a los ciudadanos, no a las empresas, que ya tienen una rentabilidad importante.

-Se habla de la tensión entre política y justicia. ¿Qué piensa?

-La Justicia habla con sentencias y fallos, no con opiniones. Es importante entender que las resoluciones que dieron lugar a los aumentos de tarifas están anuladas, entonces las que se emitieron con aumento carecen de sustento legal. La gente debe esperar a que se resuelva la cuestión de fondo, pero no debe pagar. Se palpa incertidumbre y malestar, que son consecuencias del medio. Hay una estructura monopólica en la electricidad que se supone se hizo para beneficiar al usuario y para que se tengan precios más baratos, no más caros. Después resulta que las inversiones no se hicieron y los costos se terminan pagando por los usuarios. Y la posición de las empresas es decirle a la gente que si no pagan, le cortan el servicio. Pero ahora no creo le vayan a cortar, porque las empresas se expondrían a un importante conflicto.

-Las empresas de electricidad de Buenos Aires harían una audiencia pública el 28 de julio en Mar del Plata. ¿Qué efecto tendrá?

-Están habilitadas a hacerlo, y en el caso hipotético de que se frenen las sentencias contra los aumentos de tarifa, sólo podrán cobrar a partir de la realización de la audiencia. Es decir que para los meses anteriores no sirve, porque la audiencia debe ser previa. De todos modos, he recibido quejas de organizaciones sociales planteando que la audiencia en Mar del Plata era ilegítima al estar lejos de la mayoría de los usuarios y en una fecha que es vacaciones de invierno.  Esa audiencia, para que exista, tiene que tener consenso social y no ser impuesta. Veremos qué pasa.

-¿Cómo evalúa las múltiples presentaciones judiciales de organismos y asociaciones de usuarios sobre las tarifas?

-Es tiempo de las organizaciones sociales. Ellas tienen la palabra porque están en contacto con las realidades cotidianas. Desde hace tiempo que falta discusión en materia de servicios públicos. No es posible que continúe este sistema absolutista donde el Estado y las empresas deciden a espaldas del ciudadano. Tiene que haber más democratización. Y para que eso ocurra, la sociedad debe informarse bien y tener conciencia del uso de los recursos y del daño social que provocará un aumento desmedido de las tarifas. El poder de las empresas es enorme.

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