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Por Rodolfo Lacabanne (Socialismo Baradero)

El “tarifazo” sobre los servicios públicos expresa un alto contenido ideológico que es una radiografía del gobierno nacional y su horizonte político. La quita de subsidios a las empresas proveedoras del servicio de energía (eléctrica y gas) por parte del gobierno de Mauricio Macri genera un ahorro de 4.000 millones de dólares para las arcas del Estado Nacional, trasladando el pago de ese importe a los usuarios y produciendo tres efectos directos: gran deterioro del poder adquisitivo de las familias, enorme disminución presupuestaria en todos los entes del sector público (principalmente instituciones educativas y de salud) y preocupación en las pequeñas y medianas empresas.

La afectación al comercio y a la industria produce efectos colaterales que atentan, por un lado, contra las fuentes de trabajo, y por otro, producto del traslado a costos de los bienes y servicios, lo que aumenta el impacto en los hogares por el incremento en los productos de consumo, proveniente de las empresas afectadas.

Simultáneamente al tarifazo, el gobierno nacional ha decidido eliminar las retenciones a la minera y reducir las del agro, beneficiando a sectores concentrados del capital y a las empresas transnacionales que operan en nuestro país.

Es aquí donde se expresa el fondo ideológico y el horizonte político y económico del presidente Macri y su equipo de gobierno. En lugar de concentrar recursos provenientes de los grandes capitales y distribuirlos subsidiando equitativamente el costo de los servicios a los que menos tienen, beneficia a sectores privilegiados de la economía, haciendo pagar el costo al conjunto de la población.

Sin dudas, era necesario revisar los subsidios por parte del Estado a las empresas proveedoras de servicios públicos, ya que en muchos casos, a igual consumo, en proporción pagaba más un jubilado que un hogar con ingresos medios-altos. Esa situación injusta había que haberla remediado con sensibilidad social y no con la fría calculadora, sin tener en cuenta que este tipo de decisiones políticas, afectan directamente a la población más vulnerable.

Los funcionarios gubernamentales fundamentaron esta medida diciendo que querían “recuperar la calidad del servicio y atraer la inversión de manera de disminuir la dependencia importadora”, cosa que aún no sucedió, debido a que poco le importa al gobierno exigirle a las empresas que cumplan con el plan de inversiones. Además, con esta medida apuntan a disimular el problema estructural producto de la irresponsabilidad empresaria, bajando el consumo mediante tarifazos, que privan a los sectores de menos recursos aclimatar adecuadamente sus hogares en situaciones críticas como las sufridas por las bajas temperaturas de estos días.

Los socialistas debemos ser protagonistas de la lucha por impedir el deterioro del poder adquisitivo, y defender la calidad de vida y los derechos logrados por el pueblo argentino. Es importante debatir estos temas en todos los ámbitos, y hacerlo de cara a la sociedad, de manera que los usuarios y consumidores no sean meros espectadores de la disputa política, sino protagonistas del debate, ya que son los principales afectados por las decisiones de un gobierno “neoliberal”.

Está presente un llamado a la reflexión y mas allá de lo que cada ciudadano voto en las últimas elecciones presidenciales, debemos repudiar las medidas que fomentan la desigualdad y la vulneración de derechos. Esto requiere de una fuerte participación de la comunidad y compromiso político. Una sociedad que sufre semejantes vaivenes en su vida política, económica y social, se deteriora y destruye la calidad de vida de los sectores más vulnerables.