Con las aulas a oscuras

El incremento de las tarifas de servicios públicos comenzó a afectar el funcionamiento del sistema universitario y hay preocupación entre los rectores. La UNLaR admitió que tuvo que reducir sus actividades. Mañana habrá una protesta en la UBA.

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El aumento de tarifas aplicado por el gobierno nacional en los servicios públicos no da tregua ni a las universidades. En algunas llegó a haber aumentos de hasta el 600 por ciento en la electricidad, por ejemplo. El decreto de “emergencia del sector eléctrico nacional”, firmado por Mauricio Macri en diciembre, indica que los organismos públicos –incluidas las universidades– deben llevar adelante una reducción del consumo energético. Ese ahorro ya se intenta llevar adelante en las casas de estudios, pero –según los rectores consultados por Página/12– no soluciona los problemas de fondo, que son presupuestarios. La premisa para las universidades es que aprovechen al máximo la luz solar, aunque sea a costa de la reducción de jornadas y eso comenzó a traer consecuencias: en diversas instituciones ya se suspendieron actividades culturales y deportivas, reuniones académicas y extracurriculares, talleres, charlas y debates. Muchos rectores manifestaron preocupación por este asunto en el Consejo Interuniversitario Nacional y analizan la posibilidad de solicitar más fondos al gobierno nacional. Algunos incluso advierten que las clases corren riesgo: cuando se aprobó el presupuesto universitario en 2015, no se preveían los tarifazos posteriores.

“Esta suba de las tarifas afecta a la planificación establecida, nos obliga a tomar medidas que van contra el normal funcionamiento de la universidad”, dijo a este diario Fabián Calderón, rector de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Además, advirtió que la situación presupuestaria es “una preocupación de todos los rectores de las universidades públicas”.

Uno de los tantos decretos que firmó el presidente Macri fue el 134/15, que en su artículo 3 insta a “todos los organismos de la administración pública nacional, a coordinar con el Ministerio de Energía y Minería un programa de racionalización del consumo en los respectivos organismos”.

“Más allá de todas las reducciones que podamos hacer, el problema es de presupuesto. Porque el año pasado aprobamos un monto que hoy en día, después de estas subas de tarifas, quedó muy corto. La luz se lleva un tercio del presupuesto de la UNLaR, tuvimos un aumento del 300 por ciento en ese rubro”, explicó Calderón.

La Universidad Nacional de La Matanza está pagando un 600 por ciento más de tarifa energética respecto de 2015, y las autoridades creen que la suma podría ser todavía mayor en épocas de pico de consumo. En el caso de las universidades asentadas en el sur del país, el invierno promete una abultada cuenta de gas. El impacto del aumento de los gastos de funcionamiento también comenzó a generar problemas en lo cotidiano en muchas universidades. Las fuentes consultadas señalan que hay faltantes, por ejemplo, de insumos importados, de productos de limpieza e higiene entre otros.

En el primer plenario del órgano que agrupa a todos los rectores de las universidades públicas del país, Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se realizó en Avellaneda a principios de mes, algunas autoridades plantearon como un problema el aumento de las tarifas de luz, de gas y del alquiler de sedes edilicias. Y evalúan que si la situación no se resuelve podrían apelar a diputados y senadores para buscar una solución.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Glenn Postolski, reconoció a Página/12 que “el costo es inviable para la UBA, se pasó de 7 a aproximadamente 80 millones de pesos en luz. Además, tenemos muchísimos convenios con el Estado que hoy están congelados”. En Sociales, Postolski apeló a la “conciencia del uso de lo público”, pegando en las aulas carteles que exhortan a apagar ventiladores y luces cuando no se están usando. Y agregó, que en caso de continuar la situación, “se ve en riesgo la posibilidad del dictado de clases”.

Justamente la semana pasada, el rectorado de la UBA presentó en comisión del Consejo Superior una propuesta de distribución del presupuesto asignado por la Nación. El encargado de hacerlo fue el secretario de Hacienda, Emiliano Yacobitti, quien también es presidente de la Unión Cívica Radical porteña. Si bien la propuesta obtuvo el aval de la mayoría de los consejeros y podría aprobarse este miércoles, hubo sectores que señalaron la insuficiencia de los fondos. El consejero superior Ezequiel Galpern (La Mella) denunció “un recorte” y dijo que, en las condiciones actuales, los recursos “no alcanzan ni para pagar la luz”. “Se propuso un cero por ciento de aumento para los gastos de funcionamiento, entre los cuales están la luz, elementos de laboratorio, viajes de estudios y otras cosas”, aseguró el consejero por la minoría estudiantil. La federación estudiantil (FUBA) y gremios docentes se movilizarán mañana en rechazo al presupuesto acordado.

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