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FOTO: BL

LPO (CONURBANO)

El acuerdo se complementa con despidos masivos y con la aprobación del presupuesto.

El desguace de “ñoquis” en la provincia y la negociación con el peronismo para sacar el presupuesto 2016 tiene un complemento oculto: la suspensión de la nueva ley de empleo municipal, que según denunciaron los sindicatos a LPO, se daría a través de un acuerdo entre María Eugenia Vidal y los intendentes del Conurbano.

Los intendentes peronistas garantizan el presupuesto de Vidal a cambio de $15.000 millones

Los legisladores cedieron y aceptaron una comisión para definir el endeudamiento

En efecto, el gobierno de la Provincia ya avanzó con un decreto, fechado el 15 de diciembre, para dejar sin efecto por un año la Ley 14656 (vigente desde el 6 de julio pasado) para retrotraerse a la vieja Ley 11757, por medio de la cual los intendentes manejaron hasta ahora sus plantas a piacere.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses luego de acceder a ese decreto, salió a denunciarlo ante LPO por medio de su titular Rubén “Cholo” García.

García advirtió que ya tenían rumores de esta jugada, y que el pasado 29 de diciembre, en la frustrada sesión del presupuesto, Vidal buscó “bajar” a la Legislatura el decreto para legalizar con los diputados esta modificación.

Pero los números del endeudamiento que traía consigo el presupuesto eran brutales, y el peronismo se negó a levantar la mano. La sospecha de García es que las nuevas negociaciones incluyen el consenso de suspender la ley.

“Esto pone en jaque las paritarias, la estabilidad del empleo público en los municipios y da lugar al desguace indiscriminado en los municipios”, denunció García.

Hoy entra en vigencia la tercera etapa de la nueva ley, la supletoria, que obliga a los municipios a encuadrar a sus empleados en convenios colectivos; sólo 12 de los 135 partidos de la provincia se dignaron a hacerlo.

Tras ser aprobada la ley en julio, la vanguardia la tomó Merlo, que fue el primer municipio en aprobar su convenio colectivo. Raúl “Vasco” Othacehé lo hizo no por cariño a las normas y las instituciones, sino para destrozar las perspectivas de Gustavo Menéndez, quien lo había destronado en las primarias del FPV.

A Merlo le siguió San Isidro, Moreno, Ituzaingó; los únicos distritos del Conurbano duro en adherir a la ley. Del interior lo hicieron Coronel Vidal, y los más recientes Saavedra y Punta alta. También lo hizo Campana y se estima que Suipacha hará lo propio en los próximos días.

La adhesión a esta nueva ley trae grandes diferencias respecto de la anterior. Hay por primera vez un salario mínimo, se discute la antigüedad, la carrera municipal, se saca la disponibilidad (con la que los intendentes pueden echar a quien quieran en cualquier momento). A partir de un año, los empleados de planta transitoria pasan a ser efectivos. La ley permite a los ejecutivos sólo un 20% de contratados, los becarios que le llaman en los municipios. Además, fija la jornada en seis horas como mínimo y ocho como máximo, entre otros puntos.

“Un decreto no puede suspender una ley. Por eso lo van a querer sacar en la Legislatura para dejar sin efecto la nueva normativa que vino a poner a fin a todo este esquema, para que los trabajadores no sean empleados del intendente, sino del municipio”, completó García, y aseguró que están en estado de “movilización y alerta”.

Los despidos masivos

El ajuste no tiene colores políticos. El kirchnerista Leonardo Nardini dio de baja a cerca de mil empleados y “contratados” desde que asumió en Malvinas Argentinas, según fuentes locales. Algunos son ñoquis y otros simplemente por haber estado vinculados a Jesús Cariglino.

Néstor Grindetti avanza en Lanús con los ñoquis del municipio, pero en el medio se arrasa con todo. Algunos hablan de 300 contratos que no fueron renovados, y otras fuentes señalan que son más de mil.

En José C. Paz, Ishii también debió implementar su plan de ajuste para sortear la pesada herencia que dejó Carlos Urquiaga.  Limpió a mil empleados que no concurrían a trabajar, y ahora irá por unos 500 más. Su manejo político por ahora evita conflictividad social al interior del distrito.

En Quilmes, en cambio, Martiniano Molina echó a mil empleados y le hicieron un paro; ahora están en una mesa de negociación para ver quién es quién.

En La Plata, sucedió lo mismo con el macrista Julio Garro y ayer se le amotinaron en la municipalildad.  El malestar comenzó hace pocos días, cuando la nueva administración dio por concluidos el pasado 31 de diciembre los contratos de 4.500 trabajadores de la planta temporaria del municipio, para rever “caso por caso” a quiénes se les hará un nuevo convenio y a quiénes no.

En la federación que maneja García calculan más de 7 mil despidos en toda la provincia sólo esta semana, y aseguran que irán por más.

FUENTE: LOP La política on line Provincia