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Dirigentes sindicales expresaron su malestar por el rechazo oficial a decretar un plus anual. En el reclamo coinciden todas las fracciones de la CGT y CTA. Esperan negociaciones salariales «durísimas».

En el umbral del acuerdo de salarios y precios convocado por el gobierno nacional con la meta de atender el problema de la inflación, los gremios debatieron este fin de semana y manifestaron su preocupación por la devaluación y la negativa oficial a otorgar bonos de fin de año para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, denunció la “fenomenal transferencia de recursos” que siguió a las primeras medidas del macrismo. Para paliar la situación, consideró, el gobierno debería fijar «un piso de entre 4000 y 5000 pesos» para el bono de fin de año.
Sin el bono, advirtió el referente bancario, en 2016 habrá una «paritaria durísima» en la que se buscará recuperar lo que quitó la devaluación, el fin de los subsidios y la suba de precios minoristas. La expectativa inflacionaria del gremio va desde el 36 hasta el 40%, según la definición del secretario general, sin embargo, todavía no tiene un porcentaje definido.
El legislador del Frente Renovador (FR) y secretario general del sindicato del peaje, Facundo Moyano, reclamó “responsabilidad» para una convocatoria amplia funcional para tratar alternativas de recomposición salarial. «Veremos de qué manera el gobierno puede resolver el impacto sobre los salarios de los sectores vulnerables», concluyó Moyano después de abogar por una CGT reunificada para negociar con mayor fortaleza.
Justamente, el proceso de la reunificación sindical coincide con el debate de un posible acuerdo social de precios y salario. El tema divide las aguas entre el titular de la CGT oficial, Antonio Caló, el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano. Ayer, desde la entidad que preside el metalúrgico, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, se definió «optimista» de cara a la posible unión de los gremios y pidió «no mezclar el campo sindical que representa la CGT con una visión o con una estrategia político-partidaria».
Una de las voces más críticas de las recientes medidas oficiales es la del jefe del Sindicato de Mecánicos (SMATA), Ricardo Pignanelli. “Todas las medidas que se tomaron hasta el momento fueron las que necesitaba el mercado» y remarcó que en el sector “lo primero que necesitamos es cero despidos. Partamos de cero despidos y después empezamos a discutir todo», demandó.
En la previa de la negociación, Pignanelli aseguró que “hay que apretar los dientes y esperar para ver si este cambio que se planteó es el cambio que estaba esperando la gente” aunque señaló que «tenemos la obligación de darle (al gobierno) los 100 días para ver el resultado de todas las medidas que tomó más todas las que aún tiene que tomar». Al par de Pignanelli, el secretario Adjunto del SMATA, Mario Manrique dijo que el pacto social «es una charla que hay que dar, pero primero hay que analizar qué país queremos».
El economista de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), Alejandro Fiorito, analizó el marco de la negociación en diálogo con Tiempo. Fiorito explicó que la devaluación “en primer lugar baja el salario en dólares y en la medida se traslada a precios lo baja en pesos” pero señaló que esa baja “no implica que subirán las exportaciones”. El único fin de la devaluación, añadió en ese sentido, es consolidar una redistribución que “a largo plazo produce una suba de tasa de ganancia y una caída de salario real”.
En el “pacto de precios”, especuló Fiorito, “el gobierno va a procurar por las buenas que el salario recupere lo menos posible” en un escenario que muestra a los sindicatos “deseosos de negociar”. “La inflación –graficó el especialista de la UNM- se evita por costos, tipo de cambio y salarios. La devaluación ya fue hecha, los precios subieron y los salarios cayeron. Ahora es todo política.”
El objetivo del oficialismo será “bajar costos aunque hable de ‘acuerdo social’. El salario es el principal costo de la economía”. Frente a la posición de los sindicatos, sumó Fiorito, el gobierno va a proponer las discusiones por productividad pero va a tener que eludir  “el problema de la reticencia histórica a mostrar las cuentas”, concluyó. «